Buscan combatir empresas “factureras” y lavado de dinero

A fin de crear un tipo penal específico para el combate de las llamadas empresas “factureras” y el lavado de dinero, el diputado Alberto Martínez Urincho presentó, ante el Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa para adicionar un Artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal.

Al fundamentar su propuesta, el legislador de MORENA expuso la necesidad de contar con medios penales eficaces que permitan combatir el creciente fenómeno de lavado de dinero y el uso de esquemas fiscales, financieros y corporativos del crimen organizado mediante las “factureras”.

“La impunidad fiscal y el lavado de activos son el oxígeno de las redes criminales y hoy proponemos cortar ese oxígeno de raíz a esta actividad criminal. Es tiempo de dotar a nuestras autoridades de los instrumentos legales necesarios para desmantelar esas estructuras criminales que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo”, expresó ante el Pleno Legislativo.

Informó que, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las redes de delincuencia organizada y de evasión fiscal han emitido ocho millones 827 mil 390 facturas falsas en “un periodo de auditoría masiva histórica”, las cuales amparan un monto de 1.6 billones de pesos en operaciones inexistentes.

Asimismo, que las autoridades fiscales y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) estiman que el ecosistema criminal opera a través de una red que ya oscila entre las ocho mil 204 y 12 mil empresas “fantasmas” activas, denominadas empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).

El Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia insistió en que su iniciativa busca combatir la criminalidad, desde su capacidad de operar financieramente y de simular la legalidad.

Expuso que la delincuencia organizada está implicada en diferentes actividades ilícitas en varios países, que incluyen trata de personas; tráfico de drogas; mercancías ilícitas y armas; robo a mano armada; falsificaciones y blanqueo de capitales, que representan a sus integrantes ganancias estimadas en miles de millones de pesos.

Martínez Urincho indicó que además usan modelos operativos, estrategias a largo plazo, jerarquías e incluso alianzas estratégicas similares a las de negocios legítimos internacionales, con el propósito de generar un máximo de ganancias con un mínimo de riesgo.

“En el centro de esta compleja red de financiamiento criminal y corrupción se encuentran las llamadas ‘factureras’ o empresas que facturan operaciones simuladas. Estas son el mecanismo clave para transformar el dinero sucio en una aparente legalidad y para defraudar al erario público”, afirmó.

De acuerdo con la iniciativa: “se impondrán de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a quien, por sí o por interpósita persona, y a través del sistema financiero o fiscal, constituya, registre, adquiera, controle, administre o utilice una persona jurídica que carezca de activos, personal, infraestructura operativa o capacidad material real para desarrollar su objeto social…

“…con la finalidad de emitir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas; o recibir, transferir, ocultar, simular o dispersar recursos, bienes o derechos de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita”.

La pena se aumentará hasta en una mitad cuando para la comisión del delito se utilicen identidades falsas, información de personas fallecidas, o bien se empleen personas físicas que hayan accedido a simular su participación como socios, accionistas, directivos o representantes legales sin ejercer un control efectivo de la persona jurídica.

Al concluir la intervención del morenista, la Mesa Directiva dio a conocer que la iniciativa se turnaría a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis. En caso de que sus integrantes la aprueben, el dictamen se presentaría ante el Pleno del Congreso capitalino y de ser avalada por éste se enviaría al Congreso de la Unión por tratarse de un ordenamiento federal.