Congreso de la CDMX turna a comisiones iniciativa de reforma constitucional de la Jefa de Gobierno

La iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, al Congreso capitalino, para reformar y adicionar diversas disposiciones del Artículo 9, Apartado D, de la Constitución Política local, en materia de salud mental y atención al consumo de sustancias psicoactivas, fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones correspondientes.

En la Sesión Ordinaria de este miércoles, la diputada Olivia Garza, Presidenta de la Mesa Directiva, dio a conocer que dicha propuesta sería enviada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Salud, para su análisis y dictaminación.

De acuerdo con la iniciativa de la Mandataria capitalina, el objetivo es fortalecer el reconocimiento de la salud mental y la atención al consumo de sustancias psicoactivas como componentes esenciales del derecho a la salud en la Ciudad de México.

Asimismo, busca establecer obligaciones claras para el desarrollo de políticas públicas en estos rubros y consolidar un enfoque de salud pública basado en derechos humanos, prevención y atención integral.

La propuesta de Brugada Molina pretender reforzar el marco de la Carta Magna capitalina y dar un paso adicional sobre la reforma a la Ley General de Salud de 2022, al elevar a rango constitucional el desarrollo progresivo de servicios públicos y comunitarios de salud mental; la atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, y la reducción de riesgos y daños, como estrategia de salud pública.

Indica que con esta reforma la Ciudad de México consolidaría un modelo constitucional de salud pública más integral, preventivo y centrado en derechos, que reconocería la importancia de la salud mental, la inclusión social y la atención basada en evidencia para garantizar efectivamente el derecho a la salud de todas las personas.

Ambas comisiones contarán con 45 días hábiles para elaborar el dictamen, con la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta 45 días hábiles, la cual deberán fundamentar y estará sujeta a la aprobación del Pleno Legislativo.

Las personas interesadas en proponer modificaciones a la iniciativa podrán hacerlo en un periodo no mayor a diez días hábiles. Durante ese lapso, las propuestas no podrán ser dictaminadas y las observaciones recibidas deberán ser consideradas en el proceso legislativo.