¿Dónde está el almirante Ojeda?


Por Ernesto Madrid.
Hay preguntas que parecen simples, pero que pueden abrir toda una investigación.
La defensa de Fernando Farías Laguna pidió que el almirante Rafael Ojeda Durán comparezca ante un juez por el caso de huachicol fiscal. La FGR lo citó, pero dice que no pudo localizarlo. Y, según la defensa, tampoco la Secretaría de Marina pudo proporcionar un domicilio para ubicar a quien durante seis años estuvo al frente de esa institución.
¿En serio?
Estamos hablando del exsecretario de Marina. No de alguien que simplemente cambió de domicilio y olvidó avisar.
Ante todo, el periodismo exige rigor. Una mención no es una acusación, un testimonio no es una sentencia y aparecer en una carpeta no convierte a nadie en delincuente. Pero el rigor también obliga a no cerrar los ojos cuando los expedientes, las declaraciones y las investigaciones empiezan a colocar demasiados nombres alrededor de la misma historia.
La pregunta, entonces, es mucho más amplia: ¿hasta dónde llegaba la red y quién podía garantizar que funcionara?
Porque el huachicol fiscal no consiste solamente en introducir combustible ilegal. Requiere aduanas, puertos, permisos, funcionarios, logística, dinero y, sobre todo, capacidad para que el Estado no lo detenga.
Y ahí conviene recordar una frase que Andrés Manuel López Obrador repitió sistemáticamente durante su gobierno: “en este país nada se mueve sin que el presidente lo sepa”. O aquella otra: nada de que el presidente no sabía o que lo engañaron.
Pues bien, ahora habría que aplicar el mismo rasero.
En las audiencias del caso Farías Laguna aparecieron referencias a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, relacionadas con operaciones en Guaymas. Según lo expuesto por la defensa, un testimonio habría señalado que cuando un buque se atoraba podía invocarse supuestamente el “visto bueno de Andy” para destrabarlo.
¿Es una prueba de participación? No. ¿Es un señalamiento que debe investigarse? Sí.
Lo mismo ocurre con Rafael Ojeda. Que algunos de los procesados hayan estado bajo su estructura de mando no acredita que conociera o participara en una operación criminal. Pero sí plantea una pregunta incómoda: ¿cómo funcionó durante años una red de esa magnitud sin que nadie en la cadena de mando la detectara?
Y aparece también Adán Augusto López. No se trata de fabricar culpables. Se trata de no fabricar intocables.
Rocha y la ruta que llega a 2024
La historia se vuelve todavía más delicada cuando aparecen Rubén Rocha Moya y los señalamientos sobre presuntos recursos ilícitos que habrían terminado vinculados con estructuras políticas y, según investigaciones y acusaciones provenientes de Estados Unidos, con la campaña presidencial de 2024.
Aquí también hay que hacer una precisión: no existe una sentencia que demuestre que dinero del huachicol haya financiado la campaña de Claudia Sheinbaum.
Pero hay investigaciones, señalamientos y nombres sobre los que corresponde preguntar, investigar y, si no existen elementos, deslindar.
Por eso resulta insuficiente responder a cada señalamiento con “montaje”, “cooperación sin subordinación”, “pruebas” o “defensa de la soberanía”.
Si existen expedientes, testimonios, solicitudes de extradición, investigaciones abiertas y movimientos financieros que deben revisarse, la obligación del Estado es seguir la ruta del dinero y establecer responsabilidades.
No proteger políticamente a nadie.
Porque aquí aparece una de las mayores contradicciones de la llamada transformación: durante años se sostuvo el “no somos iguales”. Entonces habrá que demostrarlo.
No sirve investigar únicamente al último eslabón de la cadena si la ruta conduce hacia arriba. No basta detener a marinos si nadie pregunta quién permitió que operaran. No basta defender una campaña si nadie está dispuesto a revisar hasta el último peso de su financiamiento.
Y tampoco sirve utilizar a Felipe Calderón como explicación permanente de todo. La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el expresidente no aparece como receptor de los recursos ilegales investigados por la UIF en la trama de García Luna.
Ese debería ser el estándar: ni una mención convierte a alguien en culpable, ni el poder convierte a alguien en inocente.
La prueba está en llegar hasta donde llegue la ruta
El verdadero problema para el gobierno no es lo que diga la oposición; son los expedientes: son los testimonios; son las investigaciones; son los movimientos financieros. Y son las preguntas que inevitablemente aparecen cuando distintas piezas comienzan a tocarse.
Si la investigación llega hasta Andy, que llegue. Si llega hasta Adán Augusto, que llegue. Si alcanza a Ojeda, Rocha Moya o a cualquier otro personaje, que llegue también. Sí llega hasta Palenque, que se investigue en “La Chingada”.
Y si no existen pruebas, que se diga con la misma claridad. Eso es justicia. Lo demás es política.
No se trata de Morena contra el PAN. Ni de la 4T contra Calderón.
Se trata de algo mucho más elemental: quién utilizó al Estado para hacer posible un negocio ilegal y quién permitió que ese negocio pudiera tocar al poder político.
Quienes hemos visto cómo funcionan los gobiernos sabemos que las grandes bolsas de dinero no suelen moverse solas. Hay intermediarios, omisiones, protección y beneficiarios. Eso no permite señalar culpables sin pruebas; sí permite exigir que se investigue la cadena completa. Porque la corrupción no deja de ser corrupción cuando cambia de partido.
Porque el pueblo al que tanto invocan, también tiene derecho a saber quién sabía, quién permitió, quién se benefició y, sobre todo, quién decidió mirar hacia otro lado. Y por eso la pregunta sigue siendo la misma:
¿Dónde está el almirante Ojeda?
Porque si ni siquiera pueden encontrar al hombre que estuvo al frente de la Marina durante el periodo que hoy se investiga, resulta difícil convencer al país de que ya encontraron toda la red y que la red está en la oposición.
Y si la consigna es que “el pueblo manda”, entonces habrá que recordar algo elemental: el pueblo también manda sobre las preguntas que el poder preferiría no contestar.
@JErnestoMadrid
jeemadrid@gmail.com
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