El INE no se toca… hasta que el poder lo captura

Por Ernesto Madrid.

“El INE no se toca”. En 2022, miles de ciudadanos salieron a defender al árbitro electoral frente a la reforma de López Obrador. Desde el poder los descalificaron. Decían que se defendían privilegios. La advertencia era otra: si el gobierno debilitaba la autonomía del instituto, terminaría poniendo en riesgo la confianza en las elecciones.

Hoy el problema ya no es una reforma sobre el papel. Tiene nombres, contratos, funcionarios que renuncian y videos que exigen explicaciones.

La grabación difundida por Latinus muestra a Guadalupe Taddei junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien habla de cantidades, porcentajes y ganancias relacionadas con negocios del INE. “Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar”, se le escucha decir.

No es una sentencia, pero tampoco una conversación que pueda despacharse con un comunicado. ¿Qué hacía la presidenta del INE en esa reunión? ¿Qué significaban esas cantidades? ¿Quién autorizó los contratos y quién recibió el dinero? La respuesta no puede ser otra auditoría que termine archivada.

Taddei llegó en 2023 y, un año después, consiguió facultades para nombrar directamente a funcionarios de áreas ejecutivas. La colegialidad perdió terreno y la presidencia concentró poder. Ahora, tras su renuncia, salen funcionarios de su entorno y se revisa la estructura que dejó. Al 3 de noviembre se reportaban 30 bajas de personas nombradas durante su gestión.

¿Casualidad? ¿Reacomodo administrativo? ¿O el desmantelamiento de una red de confianza que ya no puede sostenerse? Eso también debe investigarse.

El caso revela algo más grave que la conducta de una funcionaria: cuando se debilitan los contrapesos, el poder deja de vigilarse a sí mismo. Y entonces aparecen los proveedores favoritos, los nombramientos cuestionables, las explicaciones tardías y la sensación de que las instituciones pertenecen a quienes las ocupan.

Eso fue lo que advirtió la sociedad civil en 2022. No defendía un INE intocable ni perfecto. Defendía que el gobierno no pudiera convertir al árbitro en una extensión de su poder. Los medios de investigación hicieron su parte: documentaron relaciones, exhibieron contratos y pusieron grabaciones sobre la mesa. Ahora corresponde a las autoridades investigar, no proteger.

México no puede ignorar las señales. Freedom House lo clasifica como un país parcialmente libre y V-Dem lo ubica en la categoría de autocracia electoral. No significa que las elecciones hayan desaparecido ni que México sea una dictadura consumada. Significa que los contrapesos y las garantías democráticas muestran un deterioro que debería preocupar mucho más que cualquier discurso de transformación.

Y el INE está en el centro de esa discusión. Lo ocurrido bajo Taddei no prueba que las elecciones de 2018 o 2024 hayan sido fraudulentas. Pero sí plantea una pregunta fundamental rumbo a 2027: ¿quién garantiza que el árbitro será independiente si sus propios controles terminaron bajo sospecha?

Blanca Cruz, al frente de la presidencia provisional, no tiene margen para administrar el escándalo. Debe recuperar las decisiones colegiadas, transparentar los contratos y permitir que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias. Sin apellidos protegidos ni funcionarios intocables.

La democracia no se pierde necesariamente con un golpe de Estado. También se erosiona cuando una mayoría confunde el mandato de las urnas con un cheque en blanco, concentra facultades y convierte la rendición de cuentas en un estorbo.

En 2022 se gritó “el INE no se toca”. El poder no escuchó. Ahora el árbitro está bajo sospecha y la democracia paga el costo.

Porque el problema ya no es quién tocó al INE. Es quién va a impedir que el poder termine tocando también la voluntad de los ciudadanos.

@JErnestoMadrid
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