El narco ya no cobra piso: ahora vende el cemento

La extorsión en el Estado de México dejó de ser un delito marginal para convertirse en un modelo económico criminal que controla precios, proveedores y mercados enteros. Lo que durante años fue entendido como el simple cobro de “derecho de piso” hoy opera como una estructura paralela de comercio forzado donde grupos delictivos deciden quién vende, qué se vende y cuánto debe costar.

El dato más alarmante no proviene de un informe académico ni de una filtración periodística. Está contenido en el propio Cuarto Informe de Gestión 2025-2026 de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Ahí se reconoce que organizaciones vinculadas con La Familia Michoacana lograron infiltrarse en cadenas completas de distribución de materiales de construcción, carne, pollo, transporte de carga, préstamos ilegales y sistemas de fraude telefónico.

La fotografía es brutal: el crimen organizado ya no solamente amenaza comerciantes. Ahora regula mercados.

La llamada Operación Liberación exhibió una realidad que durante años se normalizó en regiones enteras del sur mexiquense. Comerciantes obligados a comprar cemento con distribuidores autorizados por criminales. Productores forzados a vender animales o carne bajo cuotas impuestas. Ferreterías condicionadas. Minas controladas. Transporte sometido. Todo bajo amenaza.

El problema deja de ser exclusivamente de seguridad pública cuando el crimen comienza a modificar la economía cotidiana de las ciudades y municipios.

Porque el impacto ya no se mide únicamente en homicidios o secuestros. También aparece en el precio del block, la varilla o el cemento que utiliza una familia para ampliar su casa. La propia Fiscalía documentó diferencias escandalosas: mientras la tonelada de varilla rondaba los 17 mil pesos en Toluca, en municipios como Valle de Bravo llegaba casi a los 24 mil. El millar de block alcanzó hasta 20 mil pesos en algunas regiones.

Es decir: el narco también encarece la vivienda.

Y ahí aparece una de las transformaciones más peligrosas del crimen contemporáneo en México. Las organizaciones criminales entendieron que controlar mercados puede resultar más rentable, menos visible y políticamente más manejable que mantener guerras abiertas entre cárteles.

El modelo ya no depende únicamente de armas largas y convoyes. Funciona mediante redes comerciales, imposición de proveedores, financiamiento ilegal y control territorial silencioso. Un ecosistema criminal que se mimetiza con la economía formal.

Por eso el informe de la Fiscalía resulta tan delicado. Porque admite que estas estructuras lograron penetrar actividades productivas completas y, además, contaminar espacios políticos y administrativos. La detención de funcionarios municipales investigados por presuntos vínculos con extorsión y secuestro confirma que el problema no se limita a la calle: también alcanzó oficinas públicas.

La extorsión mutó. Ya no sólo vacía cajas registradoras; ahora altera mercados regionales completos.

Mientras durante años el país discutió la expansión territorial de los grupos criminales, en muchas regiones mexiquenses ocurrió otra ocupación menos visible: la captura económica.

Y esa quizá sea la señal más grave de todas.

Porque cuando una organización criminal logra decidir quién vende cemento, quién distribuye carne y quién puede operar un negocio, el Estado deja de ser autoridad para convertirse apenas en espectador de una economía controlada por el miedo.

Zona Cero: el crimen organizado descubrió que controlar mercados puede ser más poderoso que controlar plazas.