El nuevo territorio de la verdad

México discute nuevamente los límites entre libertad de expresión, responsabilidad de los medios y poder del Estado. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene en consulta pública los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, aplicables a la radio y la televisión. La discusión concluirá formalmente el 21 de agosto, pero políticamente apenas comienza.

El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que no pretende censurar periodistas ni establecer una verdad oficial. Su argumento tiene un fundamento que no debe despreciarse: las audiencias tienen derechos y los concesionarios utilizan espectro radioeléctrico, un bien público. La presidenta ha defendido mecanismos como códigos de ética y defensores de las audiencias y ha insistido en que el objetivo es garantizar información diferenciada de la opinión y mecanismos para que los ciudadanos puedan reclamar frente a los medios.

Sus críticos observan otra cosa. Medios, periodistas y opositores advierten que una regulación acompañada de facultades sancionadoras puede producir autocensura y convertirse, eventualmente, en un instrumento para disciplinar voces incómodas.

Ambas posiciones contienen una parte del problema. Y reducir la discusión a escoger entre ellas impide observar una transformación más profunda. Gilles Deleuze podría ayudarnos a formularla de otra manera. El filósofo francés pensaba los territorios no solamente como espacios geográficos, sino como estructuras dentro de las cuales se organizan relaciones, identidades, códigos y poderes. Un territorio puede deshacerse —desterritorializarse— y posteriormente organizarse de otra manera: reterritorializarse.

Eso es, en buena medida, lo que está ocurriendo con el poder mediático mexicano. Durante décadas, la radio y la televisión constituyeron un territorio con enorme capacidad para construir la conversación pública. Los concesionarios establecieron agendas, seleccionaron voces, produjeron interpretaciones y ejercieron un poder que en ocasiones llegó a competir con el propio poder político. Pretender que ese territorio no necesita límites, obligaciones éticas o mecanismos de responsabilidad sería ingenuo.

Los derechos de las audiencias existen precisamente porque la libertad de expresión de quien posee un micrófono de alcance nacional convive con el derecho del ciudadano a recibir información plural y a distinguir entre información, opinión y publicidad.

Sin embargo, aquí comienza el verdadero dilema. Cuando el Estado fortalece su capacidad para establecer obligaciones y eventualmente sancionar dentro de ese territorio, no está eliminando el poder. Está modificando su distribución. Desterritorializa una relación para reterritorializarla.

Y entonces la pregunta democrática fundamental ya no puede ser solamente si los medios han abusado de su poder. Debe ser también: ¿quién vigilará a quien adquiere nuevas capacidades para vigilarlos?

El caso de TV Azteca vuelve especialmente visible esa tensión. La televisora ha acusado al gobierno de utilizar los nuevos lineamientos para silenciarla, en medio de una confrontación política cada vez más abierta entre el poder federal y Ricardo Salinas Pliego. El gobierno rechaza que exista una dedicatoria y sostiene que las reglas serán generales. Sería intelectualmente pobre asumir sin pruebas que toda la regulación fue diseñada contra una televisora. Pero sería igualmente ingenuo analizar una regulación de medios como si el contexto político no existiera.

Las leyes no operan en el vacío, sino entre gobiernos, adversarios, instituciones y relaciones de poder. Por eso una buena regulación democrática no debe diseñarse pensando solamente en las intenciones del gobernante presente. Debe ser suficientemente sólida para impedir el abuso del gobernante futuro.

Existe, además, una paradoja. La Ciudad de México cuenta desde 2020 con una Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico. Ese ordenamiento reconoce la autonomía profesional del periodista frente a instrucciones que vulneren sus principios éticos y contempla la relación con los códigos de ética y estatutos de redacción de los propios medios.

Hay, por tanto, otra tradición regulatoria posible: fortalecer la responsabilidad periodística protegiendo simultáneamente la independencia del periodista frente al poder empresarial y político.

La discusión nacional debería recuperar esa dimensión. Y es que proteger a las audiencias no puede significar únicamente aumentar las obligaciones del medio. También debería significar fortalecer las condiciones que permiten al periodista resistirse a presiones del propietario, del anunciante y, desde luego, del gobierno.

Empero hay una contradicción todavía mayor. Mientras discutimos minuciosamente qué obligaciones deben tener la radio y la televisión, buena parte de la conversación pública mexicana ya abandonó ese territorio. Está en otra parte. Está en TikTok, YouTube, Facebook, X, Instagram y en una constelación de plataformas donde conviven periodistas, ciudadanos, bots, propagandistas, activistas, empresas, partidos e influencers.

Ahí las fronteras son mucho más difíciles de reconocer. Un conductor de televisión pertenece a una empresa identificable, trabaja bajo una concesión y puede quedar sujeto a un código de ética y a una defensoría de audiencias.

¿Pero qué ocurre con un creador de contenido que alcanza diariamente a millones de ciudadanos? ¿Es periodista? ¿Es anunciante? ¿Es militante? ¿Es propagandista? ¿Es entretenimiento?

Puede ser todo eso simultáneamente sin que el receptor conozca necesariamente dónde termina una función y comienza la siguiente.

México ya cuenta con algunas reglas para publicidad de influencers y existen iniciativas gubernamentales que buscan ampliar la regulación digital. Sin embargo, el contraste permanece: el territorio tradicional de radio y televisión posee una arquitectura jurídica mucho más definida que el espacio algorítmico donde hoy se producen enormes cantidades de información, desinformación y propaganda.

Y aquí aparece el problema de fondo. Supongamos que los nuevos lineamientos funcionan perfectamente. Supongamos que cada televisora tiene un código impecable, cada estación de radio cuenta con una defensoría eficiente y cada concesionario distingue escrupulosamente información de opinión.

¿Se habrá terminado la manipulación? ¿Desaparecerá la desinformación? ¿Se acabarán las campañas negras, la propaganda encubierta y la guerra sucia?

Evidentemente no. Habrán cambiado de territorio. Esta es quizá la cuestión que Deleuze permite observar mejor: el poder no desaparece cuando se clausura un espacio. Circula, escapa, encuentra conexiones y vuelve a organizarse. La comunicación política contemporánea ya funciona de manera rizomática. No posee un único centro. Un mensaje puede originarse en un partido, pasar por un creador de contenido, multiplicarse mediante cuentas aparentemente independientes, ser amplificado algorítmicamente y terminar horas después convertido en conversación pública sin que resulte sencillo reconstruir su procedencia.

Regular exclusivamente al viejo territorio puede incluso acelerar esa desterritorialización. La televisión pierde centralidad mientras la propaganda encuentra nuevos refugios. Y ahí se encuentra el verdadero desafío para el Estado mexicano. No necesitamos un gobierno que determine la verdad. Tampoco necesitamos medios que invoquen la libertad de expresión como licencia para renunciar a cualquier responsabilidad.

Necesitamos instituciones capaces de proteger simultáneamente tres libertades: el derecho de las audiencias a recibir información responsable, la libertad editorial de los medios y la independencia profesional de los periodistas. Y necesitamos empezar a pensar seriamente una cuarta dimensión: la transparencia del poder informativo que circula por las plataformas digitales.

No se trata de trasladar mecánicamente las multas de la televisión a las redes sociales. Eso podría producir una arquitectura de vigilancia todavía más peligrosa. Se trata de discutir transparencia, financiamiento, publicidad política, propaganda encubierta, automatización, identidad de los emisores y responsabilidad de las plataformas sin entregar al gobierno la facultad de decidir qué opinión es verdadera y cuál merece desaparecer.

Hay que insistir en que el problema de fondo no es tecnológico. Es político. Cada sociedad establece territorios desde los cuales se produce legitimidad. Durante buena parte del siglo XX mexicano ese territorio estuvo concentrado en el Estado y en unas cuantas empresas de comunicación. Internet rompió aquella geografía. Las redes la fragmentaron. Los algoritmos la hicieron invisible. Ahora el Estado intenta dibujar nuevamente las fronteras. Tiene derecho a hacerlo dentro de los límites constitucionales y la sociedad tiene derecho a exigir responsabilidad a quienes utilizan bienes públicos para informar. Pero conviene recordar algo antes de celebrar cualquier nueva frontera: el poder que logra regular un territorio también adquiere la tentación de ocuparlo.

Y al tiempo que todos discutimos quién controlará la televisión, la batalla por la conversación pública está ocurriendo ya en otro lugar.

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