Fiscalía de EE. UU. acusa a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico

La fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal por delitos de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve exfuncionarios y servidores públicos del estado, a quienes señala de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con documentos judiciales, los implicados enfrentan cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y uso de armas de fuego. Las autoridades norteamericanas sostienen que los acusados habrían facilitado la operación del grupo criminal mediante una presunta red de protección institucional que permitió el envío de grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

En el expediente, fiscales estadounidenses aseguran que el cártel habría contado con el respaldo de funcionarios corruptos, quienes presuntamente abusaron de sus cargos para favorecer a la organización. Según el documento, algunos de los señalados incluso habrían participado directamente en actos de violencia, incluyendo asesinatos y represalias contra presuntos colaboradores de agencias estadounidenses.

Entre los acusados figuran exfuncionarios de alto nivel, como Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y Juan Valenzuela Millán, este último señalado además por presunto secuestro de una fuente de la DEA y un familiar, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que todos los imputados ocuparon posiciones clave dentro del aparato gubernamental y de seguridad, lo que habría permitido establecer un esquema de protección a favor del grupo criminal.

En otra línea de la acusación, el gobierno de Estados Unidos señala que laorganización criminal conocida como Los Chapitos habría intervenido en el proceso electoral que llevó a Rocha Moya al poder en 2021, mediante actos de intimidación y presunta coacción contra adversarios políticos.

Según estos señalamientos, el mandatario habría sostenido reuniones con integrantes de la organización criminal antes y después de asumir la gubernatura, en las que presuntamente acordó brindar protección a sus actividades a cambio de respaldo político. Ya en funciones, añaden las autoridades, se habría permitido la operación del grupo con impunidad en la entidad.

El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Gobernador rechaza señalamientos

Tras darse a conocer la acusación, el mandatario estatal fijó postura y negó de manera tajante los señalamientos en su contra.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, expresó Rubén Rocha Moya.

El gobernador afirmó que las acusaciones no solo lo involucran a él, sino que representan, a su juicio, un ataque político más amplio.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, sostuvo.

En su posicionamiento, también señaló que el caso forma parte de una estrategia que, según dijo, busca vulnerar la soberanía nacional.

“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indicó.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje a la población sinaloense, en el que aseguró que enfrentará las acusaciones.

“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, concluyó.