La reforma soñada para reformar al Poder Judicial… otra vez

La reforma soñada para reformar al Poder Judicial… otra vez

de Ernesto Guerra, Analista Político

Dicen que lo que mal inicia, mal continúa y termina pésimamente mal. En el caso de la reforma constitucional en materia al Poder Judicial hecha por régimen en septiembre de 2024, no es la excepción.

La reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) fue una reforma que nació apresurada, mal trazada legislativamente, llena de errores de diseño constitucional y que tiene antinomias jurídicas, que aun prevalecen en la Constitución Política, todas estas prisas fueron concebidas por morena y sus socios electorales a través de profundo desconocimiento de la manera en que funciona el tercer Poder de la Federación.

Sin embargo el panorama político cambió radicalmente después del 2 de junio de 2024 con la elección presidencial.

Llegó la primera mujer a la Presidencia de México, con Claudia Sheinbaum Pardo, llegó también, la mayoría legislativa, claro después de la sobrerrepresentación que el Tribunal Electoral le avaló en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de los Congresos de los estados.

Ya con estas condiciones políticas favorables, pronto llegó la Iniciativa presidencial para reformar la Constitución Federal en materia judicial, la cual venía forjada por un encono político muy arraigado, para aliviar el orgullo de un solo hombre, que tuvo un indestructible desprecio al Poder Judicial en todo su gobierno y que no pudo reformar la Constitución Política para conseguir la elección mediante el voto popular de los jueces, magistrados y ministros.

Así de esta manera, llegó el 1º de junio de 2025, en el cual se llevó a cabo la primera elección judicial en la historia de México. No obstante ello, representó un enorme reto para Instituto Nacional Electoral (INE) en su diseño, la organización electoral, la presupuestación mínima otorgada y por supuesto en su ejecución, además, por si fuera poco, hubo innumerables fallas técnicas, dudas de interpretación jurídica y un sin número de obstáculos para su instrumentación.

El resultado fue un absoluto fracaso democrática y participativamente hablando: solo asistieron a las urnas el 13.01% que equivalen a 116 millones 690 mil ,139 personas que emitieron su voto en las urnas, de un listado nominal de 99 millones 594 mil 010 ciudadanos inscritos, es decir, el 86.99% se abstuvo de participar en esta primera elección judicial.

Además, el proceso electoral judicial estuvo cargado de cuestionamientos por la difusión de los acordeones que indujeron el voto de los perfiles afines al régimen para acceder a estos cargos judiciales. El fracaso fue de talla monumental. También lo ha sido el cuestionamiento de autoridades internacionales a esta reforma judicial. La famosa narrativa de la democratización de la justicia, se vino abajo en cuestión del resultado.

Por eso, en 2026, a unos meses de que inicie el proceso electoral federal en donde está contemplado la segunda elección judicial, el régimen ha contemplado la posibilidad de una reforma soñada para reformar al Poder Judicial… otra vez.

A pesar de que aún no hay una Iniciativa Presidencial de Claudia Sheinbaum enviada al Congreso, es más, ni siquiera está en proceso de elaboración, algunos legisladores del partido en el gobierno, han impulsado una iniciativa en la que buscan básicamente dos cosas: una, cambiar la fecha de la elección judicial de 2027 a 2028 y dos, modificar innumerables vicios de origen de la reforma constitucional de 2024, como son mejores mecanismos para elegir perfiles más preparados, entre otras reformas al texto constitucional de 2024.

Sin embargo, las dudas razonables son: ¿Habrá voluntad política de Claudia Sheinbaum para reformar la reforma al PJF? ¿Tendrán ganas en la Comisión Permanente para convocar a uno o dos períodos extraordinarios a ambas Cámaras del Congreso de la Unión para modifica una vez más la Carta Magna en materia judicial? ¿Los Congresos Locales están en voluntad de hacerlo?

El INE y el Tribunal Electoral han dicho que lo mejor es posponer la elección judicial a 2028.

El proceso electoral federal que inicia en septiembre de 2026 y concluye en septiembre de 2027 además de la renovación de las 500 diputaciones en la Cámara de Diputados tiene la concurrencia de 17 elecciones para elegir gubernaturas en igual número de entidades y ni más ni menos que la elección de 30 Congresos Locales y un sinnúmero de presidencias municipales.

Lo más sensato sería postergar la elección judicial a 2028 pero en este país no necesariamente las mejores decisiones públicas y de poder, son las más juiciosas.

Ernesto Guerra, Analista Político

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