La ruta donde viajar puede costar la vida

Por Gerardo Jiménez

Miles de personas salen cada madrugada del oriente del Valle de México con un solo objetivo: llegar al trabajo. Suben a una combi en Chalco, a un autobús en Ixtapaluca, a una camioneta en Valle de Chalco o a un transporte colectivo en la zona de Río Frío. Para ellos, la autopista México-Puebla no representa una vía de comunicación, sino una rutina de supervivencia.

Esta semana esa realidad volvió a exhibirse con crudeza. El asesinato de pasajeros durante un asalto a una unidad de transporte público detonó el bloqueo de la autopista por parte de transportistas, quienes decidieron detener una de las arterias más importantes del país para exigir lo que debería estar garantizado desde hace años: seguridad.

La protesta paralizó el tránsito durante horas, pero el verdadero colapso lleva mucho tiempo ocurriendo. Es el de un corredor donde los delincuentes conocen perfectamente los horarios de mayor afluencia, las rutas con menor vigilancia y los puntos donde pueden abordar una unidad, despojar de sus pertenencias a los pasajeros y desaparecer entre caminos secundarios antes de que llegue cualquier autoridad.

La violencia en este corredor no es un hecho aislado. A lo largo de los últimos años se han acumulado homicidios, robos con violencia, secuestros exprés y ataques armados contra operadores y pasajeros en rutas que conectan el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México. Para miles de trabajadores, abordar el transporte público significa aceptar el riesgo de ser víctima de un delito antes de llegar a su destino.

Las rutas que recorren municipios como Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes La Paz y la zona limítrofe con Puebla aparecen de manera constante en denuncias ciudadanas por asaltos. Muchas veces los delincuentes actúan con una precisión que hace pensar en organizaciones perfectamente estructuradas: seleccionan unidades, esperan el momento oportuno y utilizan rutas de escape previamente identificadas.

No es casualidad que hayan sido los propios transportistas quienes decidieran bloquear la autopista. Ellos también son víctimas. Conducen sabiendo que en cualquier viaje pueden enfrentarse a un grupo armado, perder la unidad o terminar asesinados por intentar proteger a sus pasajeros. El volante se ha convertido también en una sentencia de incertidumbre.

Sin embargo, los bloqueos son apenas el síntoma visible de un problema mucho más profundo. Cada protesta refleja el fracaso de una estrategia de seguridad fragmentada entre entidades federativas y distintos niveles de gobierno. La delincuencia no reconoce límites administrativos; las bandas que operan en la México-Puebla tampoco. Mientras las corporaciones se dividen competencias, los grupos criminales aprovechan los vacíos de coordinación.

La respuesta no puede limitarse al despliegue temporal de patrullas tras cada hecho violento. Se requiere inteligencia operativa, vigilancia permanente, monitoreo con cámaras en las unidades, botones de auxilio realmente conectados con centros de mando y una coordinación efectiva entre la Guardia Nacional, las policías estatales y las fiscalías para identificar y desarticular a las bandas que han convertido este corredor en uno de los más peligrosos del centro del país.

Cada bloqueo provoca pérdidas económicas, retrasos y caos vial. Pero detrás de esos kilómetros de vehículos detenidos existe una pregunta mucho más incómoda: ¿cuántos asesinatos más deberán ocurrir antes de que viajar en transporte público deje de ser una actividad de alto riesgo?

La autopista México-Puebla mueve personas, mercancías y buena parte de la economía del centro del país. Sin embargo, para miles de familias también se ha convertido en una frontera donde la violencia aparece sin previo aviso. En esa franja de asfalto, el trayecto cotidiano puede cambiar de destino en cuestión de segundos.

Esa es la verdadera Zona Cero: el punto donde la movilidad deja de ser un derecho para convertirse en una apuesta diaria contra la delincuencia.