La salud pública: un cheque en blanco para una crisis sin cura

Por Ernesto Madrid

México puede presumir más presupuesto para salud en 2027, pero no puede presumir que sus hospitales funcionen, que las recetas se surtan o que enfermarse deje de ser un golpe al bolsillo. El dinero aumenta en el papel; la crisis sigue en los pasillos.

La advertencia de México, ¿cómo vamos? es contundente: en 2024, el 57.6% de quienes necesitaron atención médica recurrió a servicios privados, mientras 44.5 millones de personas carecían de acceso a servicios de salud. No es una estadística fría: son familias que pagan consultas, compran medicamentos y financian de su bolsillo lo que el Estado debería garantizar.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 destina alrededor de 1.14 billones de pesos al sector, equivalente a 2.9% del PIB. Parece una cifra monumental hasta compararla con el rezago: la referencia internacional para avanzar hacia la cobertura universal es de 6% del PIB. Y ni siquiera el aumento presupuestal corrige las desigualdades entre quienes tienen seguridad social y quienes dependen del IMSS-Bienestar.

La promesa de un sistema como el de Dinamarca terminó convertida en una cadena de cambios institucionales sin resultados equivalentes. Desapareció el Seguro Popular, el Insabi nació y murió sin resolver el problema, y el IMSS-Bienestar todavía enfrenta el desafío de garantizar atención universal. Cambiaron las siglas; no desaparecieron las carencias.

Ahora Zoé Robledo enfrenta protestas de trabajadores del IMSS por salarios, insumos y medicamentos. Claudia Sheinbaum sostiene que su permanencia no está en duda y pide atender las demandas. Pero el respaldo presidencial no puede convertirse en un salvoconducto administrativo. Si hay desabasto, compras cuestionadas y pacientes que deben pagar por fuera, alguien tiene que explicar qué falló y quién responde.

Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en procesos de compra deben investigarse y probarse; no basta con convertirlos en explicación automática de la crisis. La obligación de las autoridades es transparentar contratos, licitaciones, entregas y recetas no surtidas. Porque detrás de cada expediente hay alguien que espera un tratamiento, y detrás de cada medicamento que no llega puede haber una enfermedad que avanza.

El problema de México no es únicamente cuánto dinero destina a la salud, sino cuánto de ese dinero se convierte en atención efectiva. Sin personal suficiente, hospitales equipados, prevención y medicamentos disponibles, el presupuesto puede crecer sin que mejore la vida de los pacientes.

La salud pública no necesita otro anuncio de miles de millones: necesita resultados que puedan medirse en vidas atendidas, recetas surtidas y familias que ya no tengan que endeudarse para curarse. Porque un gobierno no puede llamar transformación a cambiar el modelo mientras los ciudadanos siguen pagando la factura de su fracaso.

@JErnestoMadrid
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