Las dos velocidades de la vivienda

La Ciudad de México está construyendo dos historias de vivienda. El problema es que no avanzan a la misma velocidad.

Los datos presentados alrededor del segundo informe de gobierno permiten observar una paradoja que merece atención. Mientras la inversión inmobiliaria privada ha encontrado mecanismos para acelerar proyectos, la política de vivienda social todavía enfrenta el desafío de convertir una ambiciosa meta sexenal en nuevas viviendas.

No es una acusación contra la inversión privada. Al contrario.

Se reportan 78 proyectos inmobiliarios que representan alrededor de 45 mil millones de pesos de inversión y la construcción de casi nueve mil viviendas. Que exista capital dispuesto a invertirse en la ciudad significa empleo, actividad económica y mayor oferta habitacional.

La pregunta no es por qué avanza la vivienda privada. Es por qué la social no consigue todavía avanzar con la misma velocidad.

El gobierno capitalino reporta 13 mil viviendas nuevas: seis mil entregadas y siete mil en construcción. A ello se suman cerca de 40 mil acciones de vivienda frente a una meta sexenal de 200 mil.

Aquí aparece una distinción fundamental.

Una acción de vivienda no necesariamente significa construir una casa nueva. La estadística también incorpora mejoramientos, reparaciones, mantenimiento y otras intervenciones sobre inmuebles existentes.

Todas son necesarias. Pero no resuelven el mismo problema.

Rehabilitar una vivienda mejora las condiciones de una familia que ya dispone de ella. Construir una nueva permite incorporar a una familia que hoy está fuera del mercado habitacional.

Y ahí se encuentra uno de los grandes desafíos de la Ciudad de México.

El aumento del precio del suelo, las rentas y la vivienda ha expulsado progresivamente a sectores que trabajan en la capital, pero encuentran cada vez mayores dificultades para vivir en ella. Una política social de vivienda, por tanto, no puede evaluarse únicamente por el dinero invertido o el número agregado de acciones.

Debe preguntarse cuánta vivienda asequible nueva está incorporándose realmente a la ciudad. Tampoco tendría sentido enfrentar al gobierno con los desarrolladores.

La Ciudad de México necesita ambos motores. Necesita inversión privada para ampliar la oferta y necesita intervención pública para atender a quienes el mercado no alcanza.

La discusión relevante es si el Estado puede conseguir para su política social una capacidad de ejecución semejante a la que está mostrando para facilitar la inversión inmobiliaria.

El segundo año será decisivo. Hay presupuesto, programas y una estrategia para adquirir suelo. Ahora comienza la etapa en que esos instrumentos deberán convertirse en edificios habitados, porque entre tantas cifras existe una unidad de medida mucho más sencilla. Una llave.

Al final del sexenio, la política de vivienda no será juzgada únicamente por cuántas acciones reportó el gobierno, sino por cuántas familias que no podían acceder a una casa finalmente recibieron una.

Y cuántas continuaron esperando.

¡Abrazos, no periodicazos!

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