Necesario, garantizar autonomía y dignidad al final de la vida

Ante la necesidad de garantizar la autonomía y dignidad de las personas al final de su vida, cuando sufren enfermedades graves o irreversibles, la diputada Diana Sánchez Barrios presentó una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para que puedan solicitar la eutanasia conforme a requisitos médicos y legales.

Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, explicó que el objetivo de su propuesta es establecer un marco jurídico que reconozca la muerte digna, proteja la autonomía personal y regule la eutanasia bajo condiciones estrictas, garantías médicas, supervisión institucional y medidas para prevenir cualquier abuso.

La representante popular señaló que el debate sobre la muerte digna debe partir de la realidad de las personas que enfrentan enfermedades graves o terminales, así como su derecho a que su voluntad sea escuchada y respetada.

Detalló que su iniciativa contempla requisitos rigurosos como el consentimiento libre, informado, consciente y reiterado; evaluaciones médicas independientes; mecanismos de supervisión; protección frente a cualquier forma de coacción, y la posibilidad de revocar la solicitud en cualquier momento. Asimismo, establece consecuencias penales para quienes actúen fuera del procedimiento legal.

“Proteger la vida no debe significar ignorar el dolor y defender la dignidad humana no puede consistir en imponer una única manera de enfrentar la muerte”, aseveró la Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI).

Sánchez Barrios aclaró que no se busca obligar a nadie a recurrir a la eutanasia ni sustituir los tratamientos médicos, sino reconocer una posibilidad excepcional para personas que la soliciten voluntariamente y que cumplan los requisitos establecidos en la ley.

“No estamos hablando de obligar a nadie a morir. No estamos hablando de abandonar a los enfermos. No estamos hablando de sustituir los cuidados médicos por una salida fácil frente al sufrimiento”, expresó.

Asimismo, manifestó que el acceso a la eutanasia no puede estar condicionado por la pobreza, la falta de servicios médicos o la ausencia de redes de apoyo. Por ello, subrayó, el reconocimiento de la autonomía personal debe acompañarse del fortalecimiento de los cuidados paliativos, el acceso a medicamentos, la atención psicológica y el acompañamiento integral al final de la vida.

La congresista también destacó la importancia de respetar la libertad de conciencia de quienes rechazan la eutanasia y aquellos que solicitan que su voluntad sea considerada dentro de un procedimiento legal.

En ese sentido, recordó que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho a una muerte digna. Sin embargo, consideró que su debate requiere una regulación que concilie la protección de la vida con la autonomía y la libertad personal.

Enfatizó que el propósito de su iniciativa es abrir una discusión plural y responsable, sustentada en evidencia médica, rigor jurídico y sensibilidad humana, que considere a todas las personas sin distinción por su condición económica, origen, identidad o lugar de residencia.

“Legislemos sin miedo, sin dogmatismo, sin discriminación y sin indiferencia. Pongamos en el centro a las personas, sus derechos y su libertad”, recalcó la diputada Diana Sánchez Barrios.

La iniciativa propone modificar la Ley General de Salud, para revisar la prohibición vigente de la eutanasia y el suicidio asistido, así como reformar el Código Penal Federal, para delimitar los supuestos en los que el personal de salud autorizado que practique la eutanasia, conforme al procedimiento legal, pueda quedar excluido de responsabilidad penal.

Al concluir la intervención de la congresista, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y la de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y dictamen.

En caso de que esas instancias emitan el dictamen a favor de la propuesta, éste deberá presentarse ante el Pleno para su votación. En caso de obtener el aval, el documento sería remitido a la Cámara de Diputados para que siga su proceso parlamentario, por tratarse de ordenamientos federales.