Parquímetros: cuando cobrar la calle sale caro

Por Gerardo Jiménez.

Los parquímetros de Ciudad Satélite duraron poco antes de encontrarse con un obstáculo que ningún sistema electrónico pudo sortear: los vecinos.

Después de semanas de protestas, bloqueos y reclamos de habitantes y comerciantes, el gobierno de Naucalpan decidió suspender temporalmente, desde este martes 18 de agosto, la operación de los parquímetros en la llamada Zona Azul de Satélite. La autoridad dice que realizará una revisión integral del servicio y abrirá el diálogo con quienes viven y trabajan ahí.

La decisión resulta significativa porque apenas en junio el alcalde Isaac Montoya Márquez sostenía que no daría marcha atrás. Frente a las primeras protestas incluso señaló que detrás de algunas movilizaciones existían intereses políticos y aseguró que el sistema continuaría. Dos meses después, la presión terminó por colocar el freno de mano.

El problema, sin embargo, no son solamente los aparatos instalados en las calles de Satélite. Lo ocurrido en Naucalpan revive una discusión que la Ciudad de México conoce desde hace años: ¿hasta dónde ordenar el estacionamiento en la vía pública termina convirtiéndose simplemente en cobrar por ocuparla?

La capital tiene experiencia de sobra.

Ecoparq comenzó a operar en 2012 y se extendió por zonas como Polanco, Anzures, Lomas de Chapultepec, Roma-Hipódromo, Florida y distintas colonias de Benito Juárez y Álvaro Obregón. Su argumento es razonable: ordenar el estacionamiento, aumentar la rotación de vehículos y evitar que unos cuantos automovilistas monopolicen durante horas un espacio que pertenece a todos.

Pero alrededor de los parquímetros también ha existido durante años una discusión sobre concesiones, inmovilizadores, multas, destino del dinero y participación de los vecinos.

La propia Ciudad de México tuvo que modificar el esquema financiero. Hasta 2024, las empresas operadoras recibían 70 por ciento de lo recaudado. Después de una renegociación, su participación quedó en 53.8 por ciento; 30 por ciento se destina a proyectos de mejoramiento en las colonias y 16.2 por ciento corresponde al Gobierno capitalino.

No es un dato menor.

Durante años, una de las principales preguntas alrededor de Ecoparq fue precisamente dónde terminaba el dinero generado por calles que son públicas. El Gobierno capitalino asegura que desde el inicio del sistema se han financiado decenas de proyectos vecinales y actualmente publica reportes trimestrales de los ingresos por zona.

También está el componente coercitivo. En 2026 estacionarse en una zona Ecoparq cuesta 3.40 pesos por cada 15 minutos; retirar un inmovilizador cuesta 340 pesos, además de la multa correspondiente cuando existe una infracción. Es decir, el ordenamiento del espacio público viene acompañado de una maquinaria de cobro y sanción que inevitablemente genera fricciones.

Y ahí está la lección que Naucalpan parece estar aprendiendo.

Ciudad Satélite no es una colonia aislada. Forma parte de uno de los corredores urbanos y comerciales más importantes del norte del Valle de México, conectado prácticamente sin interrupción con Naucalpan, Tlalnepantla, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Lo que ocurre ahí reproduce problemas conocidos del otro lado del Periférico: escasez de estacionamiento, comercio, oficinas, saturación vehicular y disputa permanente por cada metro de banqueta y arroyo vehicular.

Los parquímetros pueden ser una herramienta para administrar ese caos. Pero dejan de ser una política de movilidad cuando el ciudadano percibe que su objetivo principal es recaudar.

Ese parece haber sido uno de los errores en Satélite.

Desde junio los vecinos salieron a bloquear Circuito Economistas y Circunvalación Poniente después de reunirse con autoridades municipales. No estaban de acuerdo con mantener el proyecto y exigían diálogo directo con el presidente municipal.

Dos meses después, la autoridad decidió escucharlos.

Ahora vendrá la parte importante. Naucalpan tendrá que explicar con claridad qué encontró en la revisión, quién se beneficia económicamente del sistema, cuánto se recauda, cuánto regresa a Satélite, qué problemas de movilidad pretende resolver y bajo qué condiciones podrían volver a operar los parquímetros.

Porque suspenderlos apaga momentáneamente el conflicto, pero no resuelve el problema que les dio origen.

Satélite seguirá teniendo automóviles, comercios, trabajadores, visitantes y calles saturadas. La pregunta no es solamente si debe cobrarse por estacionarse.

La verdadera discusión es quién tiene derecho a decidir sobre el espacio público y quién termina beneficiándose de administrarlo.

La experiencia de la Ciudad de México debería servir de advertencia: cuando una autoridad decide ponerle precio a la calle, la transparencia y la participación vecinal no pueden llegar después del parquímetro.

En Satélite llegaron después.

Y por ahora, los vecinos consiguieron detener el reloj.

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