Plantean que personas con discapacidad ejerzan su derecho a la movilidad

Para garantizar que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a la movilidad de manera independiente, la diputada Tania Nanette Larios Pérez registró ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para incorporar la movilidad autónoma asistida en la ley local en la materia.

La propuesta de reformas a la Ley de Movilidad capitalina fue dada a conocer en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 26 de agosto, y turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, para su análisis y dictaminación.

En el documento de la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI se contempla la creación del Programa de Entrenamiento para la Movilidad Autónoma de las Personas con Discapacidad, que es un esquema institucional, voluntario y gratuito dirigido a brindar acompañamiento temporal, orientación y práctica en el uso del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la capital del país.

El proyecto plantea adicionar la Fracción LV Bis al Artículo 9 y el Artículo 226 Bis a dicha ley, a fin de establecer que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD CDMX) y los organismos del SIT implementen un programa para la planeación de rutas, uso de medios de pago, transbordos y gestión de contingencias.

“El derecho a la movilidad no se agota en la posibilidad de ingresar físicamente a una estación o abordar una unidad de transporte. Para que pueda ejercerse plenamente, las personas usuarias deben contar también con los apoyos necesarios para comprender, aprender y realizar sus desplazamientos con el mayor grado posible de autonomía”, se enfatiza.

En la exposición de motivos, se detalla que -según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI- en la Ciudad de México residen 493 mil 589 personas con discapacidad (56.9 por ciento mujeres y 43.1 por ciento hombres), quienes enfrentan diversas barreras que van más allá del acceso físico.

También se explica que mientras una persona requiere rampas o elevadores, otra puede necesitar orientación para identificar rutas, transbordos, puntos de descenso o reaccionar ante modificaciones imprevistas en el servicio de transporte público.

“La necesidad de apoyo debe determinarse por las barreras que enfrenta la persona y no únicamente por su diagnóstico o tipo de discapacidad. No se pretende crear un transporte separado ni sustituir las obligaciones de accesibilidad universal, sino complementar dichas obligaciones con el aprendizaje para el uso autónomo del transporte público”.

La iniciativa de la legisladora Tania Larios retoma referentes internacionales de éxito como el programa Travel Mentoring, de Transport for London en el Reino Unido, y Travel Training, de TransLink en Vancouver, Canadá, los cuales ofrecen herramientas de entrenamiento práctico para desplazamientos independientes.

Además, se resalta que favorecer la autonomía en la movilidad, amplía de manera directa las oportunidades de acceso a la educación, el empleo, la salud, la cultura y la vida comunitaria, al tiempo que reduce la dependencia cotidiana de familiares y personas cuidadoras.