Policía Metropolitana: una vieja idea para un viejo problema

Por Gerardo Jiménez

La delincuencia nunca ha entendido de límites territoriales. Un automóvil robado en Gustavo A. Madero puede aparecer minutos después en Ecatepec; un homicida cruza de Iztapalapa a Chalco antes de que concluya el reporte al 911, y una banda dedicada al robo de transporte opera indistintamente entre Tlalnepantla, Azcapotzalco y Naucalpan. Mientras las fronteras administrativas siguen dividiendo competencias, los grupos criminales llevan años moviéndose como si esas líneas simplemente no existieran.

Por eso, la propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de crear una Policía Metropolitana durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México parte de un diagnóstico correcto: la seguridad de la capital ya no puede entenderse únicamente desde los límites de la Ciudad de México. Compartir inteligencia, coordinar operativos, integrar la videovigilancia y eliminar los vacíos institucionales son objetivos necesarios en una metrópoli donde millones de personas cruzan diariamente entre entidades para trabajar, estudiar o hacer negocios.

Sin embargo, la idea dista mucho de ser una innovación. La coordinación policial metropolitana lleva casi dos décadas apareciendo en discursos, mesas de trabajo y convenios que, una y otra vez, prometieron cerrar el paso a la delincuencia regional.

Durante el gobierno de Marcelo Ebrard comenzaron a construirse los primeros mecanismos permanentes de coordinación con el Estado de México. Las reuniones entre autoridades de seguridad buscaban enfrentar delitos que ya mostraban un claro comportamiento metropolitano, como el robo de vehículos, el secuestro y el narcomenudeo. Aquellos esfuerzos abrieron la puerta a una visión regional, aunque nunca llegaron a consolidarse en una estructura operativa común.

Años después, Miguel Ángel Mancera dio un paso más al plantear un Mando Metropolitano de Seguridad. La propuesta contemplaba intercambio permanente de inteligencia, bases de datos compartidas y operativos conjuntos para evitar que los delincuentes utilizaran las fronteras estatales como refugio. El proyecto terminó atrapado entre diferencias políticas, vacíos jurídicos y la falta de voluntad para ceder facultades entre gobiernos.

En paralelo surgieron diversos operativos regionales, entre ellos el llamado Escudo Centro, además de las estrategias de la Megalópolis, mediante las cuales la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala coordinaron acciones contra el robo de vehículos, el asalto al transporte público y otros delitos de alto impacto. También se implementaron programas como Pasajero Seguro, filtros carreteros y despliegues interestatales durante temporadas vacacionales. El problema fue que la coordinación terminaba cuando concluía el operativo; cada corporación regresaba a su propio sistema de mando, inteligencia y prioridades.

Ese ha sido, precisamente, el principal obstáculo durante años: la coordinación ha dependido más de la voluntad política de los gobiernos en turno que de un modelo institucional permanente. Cuando cambia un gobernador o un jefe de Gobierno, cambian también las prioridades, los acuerdos y hasta los canales de comunicación entre corporaciones.

Por eso, el verdadero reto de la propuesta de Clara Brugada no consiste en anunciar una Policía Metropolitana, sino en demostrar que esta vez existe una ruta jurídica, presupuestal y operativa para convertir esa aspiración en una institución funcional. Una corporación de esa naturaleza implicaría definir quién ejerce el mando, bajo qué marco legal actuaría, cómo compartiría inteligencia, qué protocolos seguiría en persecuciones entre entidades y quién asumiría la responsabilidad política de sus resultados.

La seguridad del Valle de México exige una visión regional desde hace muchos años. Lo novedoso no sería reconocer esa realidad, sino romper el ciclo de proyectos que comienzan con grandes anuncios y terminan archivados en los cambios de administración. Porque si algo demuestra la historia reciente es que las propuestas metropolitanas abundan; lo que ha escaseado es la capacidad para convertirlas en una política pública duradera.