Proponen aplicar imputabilidad disminuida por trastornos hormonales

A fin de que las y los juzgadores puedan aplicar la imputabilidad disminuida por condiciones de salud mental derivadas de trastornos hormonales en las mujeres, la diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reformas al Artículo 65 del Código Penal capitalino.

Al exponer su propuesta ante la Comisión Permanente, aclaró que el objetivo es incorporar expresamente dicha idea dentro de los supuestos que pueden dar lugar a una imputabilidad disminuida, siempre que exista una afectación considerable y clínicamente acreditada de las capacidades de la persona.

La legisladora de MORENA explicó que durante largo tiempo muchas de las condiciones de salud que afectan de manera específica o diferenciada a las mujeres fueron insuficientemente estudiadas y diagnosticadas, y que -como consecuencia de ello- tampoco comprendidas por las instituciones.

“No estamos proponiendo inmunidad ni impunidad; estamos proponiendo proporcionalidad. No estamos diciendo que una alteración hormonal justifique una conducta delictiva. No estamos diciendo que toda mujer que atraviesa un embarazo, un postparto, un síndrome premenstrual severo, una perimenopausia o una menopausia tenga disminuidas sus capacidades”, argumentó.

Desde la tribuna del Recinto Legislativo de Donceles, señaló que deberán existir certificados médicos y dictámenes de cuando menos dos peritos. Además, que la persona juzgadora deberá valorar la existencia, naturaleza, intensidad y temporalidad de la condición, cuya relación concreta tendrá que acreditarse con las capacidades de comprensión, autodeterminación o control de la conducta al momento de los hechos.

Ruiz Aguilar detalló que si una condición médica existe y se acredita de manera científica que afectó de forma considerable la capacidad de una persona para comprender, decidir o controlar su conducta al momento de los hechos, entonces esa realidad tiene un valor jurídico.

“Esto no significa que toda mujer que atraviese estas etapas tenga disminuida su capacidad penal. Ser mujer no es un atenuante; menstruar no es un atenuante; estar embarazada no es un atenuante; atravesar la perimenopausia o menopausia no es un atenuante. Pero una condición clínica grave acreditada científicamente y capaz de afectar considerablemente las facultades de una persona, sí debe poder ser valorada por una persona juzgadora”, puntualizó.

En ese contexto, mencionó el caso de Alice Mackey, en Reino Unido, quien en 2023 cometió homicidio. Después de valorar la evidencia de tres psiquiatras, la Fiscalía Británica concluyó que su conducta había estado significativamente afectada por una psicosis postparto y que su capacidad de autocontrol fue reducida. El caso fue procesado bajo una figura de responsabilidad disminuida.

También se refirió al antecedente de Craddock, ocurrido en Reino Unido en 1980, donde la defensa acreditó un síndrome premenstrual severo asociado con alteraciones hormonales. La evidencia médica fue considerada por el tribunal y el caso fue tratado bajo una fórmula de responsabilidad disminuida acompañada de supervisión y tratamiento.

“Estos casos son relevantes porque muestran que el derecho penal puede y debe dialogar con la evolución de la ciencia. Y existe otra realidad de la que todavía hablamos muy poco, la perimenopausia y la menopausia. Las fluctuaciones hormonales que pueden presentarse durante estas etapas pueden coincidir con alteraciones del estado de ánimo, ansiedad, síntomas depresivos y dificultades de memoria o concentración”, enfatizó la morenista.

Al respecto, expuso que legislar con perspectiva de género significa identificar los puntos ciegos que aparecen cuando se tratan realidades distintas entre las mujeres y los hombres.

“Perspectiva de género no significa otorgar privilegios. Sin embargo, la biología no puede ser jurídicamente invisible cuando científicamente es relevante y por eso esta iniciativa establece controles estrictos. No bastará alegar una alteración hormonal”, sostuvo la diputada Brenda Ruiz.

Al concluir su intervención, la Mesa Directiva dio a conocer que la iniciativa se turnaría a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.