Rentas justas: el equilibrio entre dos derechos

En la Ciudad de México, una familia puede perder su barrio sin necesidad de recibir una orden de desalojo. Basta un aumento de renta que ya no pueda pagar.

La vivienda se ha convertido en uno de los conflictos más profundos de la capital. De un lado están quienes destinan buena parte de sus ingresos a conservar un techo. Del otro, propietarios que buscan proteger su patrimonio, obtener una rentabilidad legítima y contar con certeza jurídica.

En medio aparece el gobierno de Clara Brugada con su iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles.

La propuesta pretende limitar los incrementos anuales a la inflación, establecer un registro digital de contratos y crear una defensoría que atienda los conflictos entre arrendadores y arrendatarios.

Pero hay una pregunta que merece mayor atención: ¿Puede una ley contener el encarecimiento de la vivienda sin afectar la oferta de inmuebles en alquiler?

La experiencia urbana obliga a mirar más allá de las buenas intenciones. Regular los aumentos puede ofrecer estabilidad a quienes ya rentan, pero no garantiza que una familia encuentre una vivienda asequible cuando necesita mudarse.

Tampoco basta con imponer obligaciones a los propietarios sin examinar los costos de mantenimiento, los impuestos, la morosidad y la duración de los litigios.

El derecho a la vivienda no cancela el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad tampoco debería convertirse en una autorización para expulsar económicamente a los habitantes de una colonia.

Ahí está el verdadero desafío legislativo: construir reglas equilibradas, procedimientos eficaces y garantías para ambas partes.

La iniciativa llegó al Congreso después de más de un año de anuncios contra la gentrificación. Ahora corresponde a los diputados discutir su alcance y resolver cómo se aplicará.

Hay que tener claro que una defensoría sin capacidad operativa, un registro sin transparencia y una regulación sin suficiente vivienda disponible pueden terminar multiplicando los conflictos que prometían resolver.

La justicia habitacional no se mide únicamente por cuánto puede subir una renta. También por cuántas personas pueden vivir cerca de su trabajo, conservar sus redes comunitarias y construir un proyecto de vida en esta ciudad.

La pregunta no es solamente cuánto debe costar una vivienda. Es qué ciudad estamos construyendo y para quién.

¡Abrazos, no periodicazos!

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