Teotihuacán: la grieta en la seguridad del patrimonio

El asesinato de una mujer extranjera en las inmediaciones de Zona Arqueológica de Teotihuacán no sólo es un hecho criminal más. Es una señal de alerta en uno de los espacios más simbólicos y vigilados —en teoría— del país.

Teotihuacán no es cualquier sitio. Es patrimonio mundial, administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y resguardado en coordinación con la Guardia Nacional, la policía estatal mexiquense y corporaciones municipales. Sobre el papel, el modelo de seguridad combina vigilancia institucional, control de accesos y monitoreo en zonas de alta afluencia turística.

En la práctica, la realidad es otra.

La muerte de una visitante extranjera exhibe una falla estructural: la seguridad en zonas arqueológicas opera bajo una lógica de contención turística, no de prevención del delito. Los protocolos están diseñados para proteger monumentos, regular flujos y atender emergencias médicas, pero no para responder a escenarios de violencia letal en áreas periféricas o de transición.

Ahí está la primera grieta.

Los perímetros de Teotihuacán son extensos y fragmentados. Mientras las áreas nucleares —Pirámide del Sol, de la Luna, Calzada de los Muertos— concentran vigilancia, los accesos secundarios, estacionamientos improvisados, caminos rurales y zonas aledañas quedan expuestos. Es en esos márgenes donde el control institucional se diluye.

Y es ahí donde ocurre el delito.

De acuerdo con lineamientos del propio INAH y esquemas de seguridad turística federales, la protección de estos sitios descansa en la coordinación interinstitucional. Sin embargo, esa coordinación suele ser reactiva, no preventiva. Se activa cuando el hecho ya ocurrió.

La pregunta es inevitable: ¿qué falló?

Falló la cobertura territorial.

Falló la disuasión.

Falló la inteligencia preventiva.

Pero, sobre todo, falló la lectura del riesgo.

Porque Teotihuacán no es una burbuja aislada. Está inserto en una región con dinámicas delictivas propias: robo, extorsión, comercio irregular y presencia de grupos que operan fuera del circuito turístico formal. Ignorar ese entorno es construir una falsa sensación de seguridad.

Los manuales de seguridad turística —incluidos los impulsados por la Secretaría de Turismo— establecen criterios claros: vigilancia perimetral, rutas seguras, señalización, presencia policial visible y mecanismos de respuesta inmediata. El problema es que esos criterios no siempre se cumplen de manera homogénea.

El visitante ve patrullas y cámaras en la entrada. Pero basta alejarse unos metros para que la presencia del Estado se desvanezca.

Ese es el segundo nivel de la falla: la seguridad como escenografía.

A esto se suma un tercer factor crítico: la fragmentación de responsabilidades. El INAH administra el patrimonio; la seguridad recae en cuerpos federales, estatales y municipales; los accesos comerciales están en manos de actores privados o informales. Nadie tiene control total del territorio.

Y cuando nadie controla todo, alguien controla los vacíos.

El asesinato de una turista extranjera impacta más allá del hecho criminal. Golpea la percepción internacional, cuestiona la capacidad del Estado para proteger su patrimonio y pone en duda la seguridad de millones de visitantes que cada año recorren estos espacios.

Pero el problema no es nuevo. Es estructural.

Teotihuacán, como otros sitios arqueológicos del país, enfrenta un dilema no resuelto: abrirse al turismo masivo sin blindar integralmente su entorno. Se invierte en infraestructura, en promoción, en narrativa histórica… pero no en cerrar las brechas de seguridad que rodean esos espacios.

Zona Cero no está en la pirámide. Está en los márgenes.

Ahí donde el turista deja de ser visitante y se convierte en víctima potencial.

Ahí donde la vigilancia termina y comienza el territorio sin control.

Ahí donde el Estado llega tarde.

La lección es clara: no basta con custodiar piedras milenarias si no se puede garantizar la seguridad de quienes las visitan.

Porque cuando la violencia alcanza un sitio como Teotihuacán, lo que se vulnera no es sólo la seguridad de una persona. Es la credibilidad de todo el sistema.