Transparencia sin contrapesos: el nuevo riesgo político en la CDMX

La transparencia en la Ciudad de México acaba de entrar a una zona políticamente delicada.

Y todo bajo el discurso de modernización administrativa.

Clara Brugada envió al Congreso capitalino un paquete de iniciativas para reformar las leyes de transparencia y protección de datos personales.

A simple vista, el mensaje parece positivo: digitalización, eficiencia y reorganización institucional. Sin embargo, el verdadero cambio está en otra parte.

El nuevo modelo propone que las funciones de transparencia y protección de datos dejen de descansar en un órgano autónomo y pasen a concentrarse dentro de la estructura del propio Ejecutivo capitalino, específicamente bajo la Contraloría General.

Es decir: el gobierno comenzaría a vigilarse a sí mismo. Ahí aparece el núcleo de la discusión.

Durante años, los órganos autónomos surgieron justamente para evitar que el poder político controlara directamente las instituciones encargadas de revisar contratos, información pública y posibles irregularidades gubernamentales.

No obstante, la reforma impulsada por Clara Brugada modifica esa lógica.

El gobierno sostiene que se trata de simplificación administrativa. Sus críticos observan algo distinto: concentración institucional y debilitamiento de contrapesos.

Y existe otro detalle particularmente sensible. La nueva legislación deja fuera a partidos políticos y sindicatos del listado directo de sujetos obligados en materia de transparencia local.

Por lo tanto, organizaciones con enorme capacidad de influencia política y manejo de recursos tendrían menos obligaciones inmediatas de rendición de cuentas.

Eso inevitablemente alimenta sospechas. Sobre todo en una ciudad donde crecen las tensiones relacionadas con desarrollo inmobiliario, contratos públicos, promoción personalizada de políticos y manejo del gasto gubernamental.

El filósofo francés Michel Foucault explicaba que el poder contemporáneo no se ejerce únicamente mediante prohibiciones visibles, sino también controlando los mecanismos que administran información y verdad pública.

Algo de eso comienza a sentirse en la CDMX.

Además, la iniciativa amplía causales para reservar información bajo criterios de “interés público”. El problema es evidente: mientras más ambiguas son las excepciones, mayor margen existe para ocultar información incómoda.

La discusión, entonces, ya no es técnica, es política porque la pregunta central resulta inevitable:

¿Puede existir verdadera transparencia cuando el poder se convierte en su propio vigilante?

Ahí se jugará buena parte de la legitimidad institucional del nuevo modelo.

NOCAUT.

Y mientras el gobierno capitalino promete una ciudad moderna y lista para el Mundial 2026, otro problema comienza a crecer silenciosamente: Airbnb.

El fenómeno ya provocó crisis urbanas en ciudades como Barcelona, Lisboa o Nueva York. Rentas disparadas, desplazamiento de habitantes locales y colonias convertidas en zonas de turismo temporal más que en espacios de vida comunitaria.

La CDMX ya empezó a sentirlo. Colonias como Roma, Condesa, Juárez o Centro Histórico viven una presión inmobiliaria cada vez más agresiva. Y el Mundial podría acelerar todavía más esa burbuja.

Más Airbnb significa menos vivienda disponible para residentes permanentes. Y menos vivienda disponible termina empujando rentas y expulsando habitantes hacia zonas más periféricas.

La paradoja resulta brutal: La ciudad se prepara para recibir turistas globales mientras miles de capitalinos enfrentan una crisis real para seguir viviendo en su propia ciudad.

Y es que una capital global no solo se mide por cuántos visitantes recibe.

También por cuántos habitantes todavía pueden permitirse quedarse en ella.

¡Abrazos, no periodicazos!