Van tras “escuelas patito”; deberán informar que prestan servicios sin validez oficial

Las llamadas “escuelas patito” deberán informar en su publicidad y todos los documentos que manejan, como la constancia de inscripción, que prestan servicios educativos sin validez oficial. Esto si el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprueba una iniciativa de reformas al Artículo 82 de la Ley de Educación capitalina.

La propuesta de la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo fue dada a conocer ayer en la sesión de la Comisión Permanente, y turnada a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, para su análisis y dictaminación.

En su texto, la integrante del Grupo Parlamentario de PAN explica que el objetivo es que los particulares que brindan servicios educativos sin validez oficial indiquen esta condición en su publicad, propaganda y todos los documentos que utilizan.

Precisa que dicha ley establece que los particulares pueden ofrecer este tipo de servicios, pero siempre que se sujeten a las disposiciones legales aplicables y cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Sin embargo, advierte que en los últimos años se ha identificado la operación de instituciones educativas privadas, desde nivel básico hasta superior, que ofertan servicios sin cumplir plenamente con los requisitos previstos por la legislación educativa nacional, en particular el RVOE.

“Este fenómeno, conocido o referido bajo el término coloquial de ‘escuelas patito’, hace referencia a instituciones que operan sin el respaldo oficial correspondiente y que, a pesar de ello, ofrecen estudios, certificados o documentación académica que generan en las familias la percepción de contar con validez oficial”, subraya.

Expone que muchas de estas escuelas utilizan principalmente redes sociales, páginas web y plataformas digitales como mecanismos de promoción y contratación de sus servicios. También que realizan cobros mediante transferencias electrónicas o pagos en efectivo sin emitir comprobantes fiscales o documentación contractual suficiente, lo que coloca a las personas usuarias en estado de vulnerabilidad jurídica frente a posibles incumplimientos.

La legisladora Claudia Montes de Oca plantea que si bien la legislación general reconoce ya una obligación informativa mínima por parte de las escuelas privadas, en la realidad el término “mencionarlo” resulta insuficiente para garantizar que quienes contratan sus servicios reciban información clara, visible, comprensible y efectiva respecto de la situación jurídica de los estudios ofertados.

Ante esta problemática, la panista precisa que su iniciativa propone robustecer el contenido del Artículo 82 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para que las escuelas privadas informen sobre la falta de reconocimiento de validez oficial de manera expresa, clara, visible y legible.

“(Esto) en toda documentación oficial, publicidad, propaganda, medios digitales, plataformas electrónicas e información institucional, además de establecer la obligación de informar por escrito y de manera previa a la inscripción o reinscripción a las madres, padres de familia, tutores o educandos mayores de edad”.

Esto, indica, deberá hacerse mediante una constancia de recibido que contenga la identificación del programa o servicio educativo ofertado; la manifestación expresa de que carece de reconocimiento de validez oficial; fecha de entrega y firma autógrafa o electrónica de quien recibe la información.

En su texto, resalta que garantizar la transparencia sobre la validez oficial de los estudios constituye una condición indispensable para proteger el derecho a la educación, con el objetivo de evitar que niñas, niños, adolescentes y mayores de edad cursen estudios cuya situación jurídica pueda afectar después su continuidad académica, su incorporación al mercado laboral o el ejercicio profesional.